El episodio protagonizado por Alejandra María Ang Hernández en la frontera con Estados Unidos amenaza con convertirse en un problema político para un grupo más amplio que la propia diputada.
Ang fue retenida durante algunas horas por autoridades federales estadounidenses después de ingresar por la garita Mexicali-Calexico llevando aproximadamente 45 mil dólares en moneda mexicana, cerca de 800 mil pesos, que no habría declarado.
El caso dejó preguntas sobre el origen y destino de los recursos, pero también reavivó la atención sobre la cercanía política que la legisladora y su esposo, César Castro Ponce, han mantenido con Julieta Ramírez y Netzahualcóyotl Jáuregui.
Esa relación cobra especial relevancia rumbo a 2027, cuando Ramírez busca posicionarse en la carrera por la gubernatura de Baja California y su grupo político intenta mantener fuerza dentro de Morena.
En medio de la controversia también surgieron versiones que apuntan a que alguien pudo haber informado previamente a las autoridades estadounidenses sobre los movimientos de Ang. Sin embargo, no existen pruebas públicas que confirmen una delación ni elementos que permitan señalar al grupo de Julieta Ramírez como responsable.
La propia Ang ofreció una primera explicación después del incidente, pero permanecen cuestionamientos sobre la procedencia y el destino de los cerca de 800 mil pesos que llevaba consigo.
El problema para Julieta Ramírez no está en una participación directa en los hechos, de la cual no existe evidencia, sino en el costo político que puede representar que una nueva controversia alcance a personajes identificados con su círculo en plena carrera rumbo a 2027.
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