El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, abrió un debate sobre el papel del Estado en la economía al plantear que algunas actividades actualmente en manos privadas podrían regresar gradualmente al control público.
El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, abrió un debate sobre el papel del Estado en la economía al plantear que algunas actividades actualmente en manos privadas podrían regresar gradualmente al control público.
El mandatario mencionó sectores como la banca, las navieras, la aviación y los ferrocarriles, y defendió la posibilidad de recurrir a la expropiación cuando considere que existe un perjuicio para la sociedad.
Castro sostuvo que la expropiación no debe entenderse como una figura prohibida y cuestionó los procesos de privatización realizados durante administraciones anteriores.
Entre sus planteamientos mencionó que los bancos podrían volver paulatinamente a manos nacionales y utilizó el regreso del Estado a determinadas actividades ferroviarias y a la aviación comercial como ejemplos del modelo que considera conveniente.
Las declaraciones provocaron inquietud entre representantes del sector privado, principalmente por las implicaciones que un discurso de esta naturaleza puede tener sobre la certeza jurídica y las decisiones de inversión a largo plazo.
Sin embargo, el gobernador no anunció una expropiación concreta ni presentó una iniciativa específica para retirar activos a alguna empresa.
La legislación mexicana contempla la expropiación, pero exige una causa de utilidad pública, indemnización y el cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.
El planteamiento también encontró diferencias dentro del propio Morena. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del partido, descartó que exista en el Congreso una iniciativa para nacionalizar la banca o expropiar industrias y señaló que México funciona actualmente bajo un modelo de economía abierta.
La discusión queda así, por ahora, en el terreno de las declaraciones políticas y del debate sobre hasta dónde debe llegar la participación del Estado en sectores considerados estratégicos.
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