El historial público de Obdulio Ávila Mayo acumula controversias relacionadas con autorizaciones gubernamentales, primero alrededor de los casinos durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente en materia de desarrollo inmobiliario durante su paso por Miguel Hidalgo.
El historial público de Obdulio Ávila Mayo acumula controversias relacionadas con autorizaciones gubernamentales, primero alrededor de los casinos durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente en materia de desarrollo inmobiliario durante su paso por Miguel Hidalgo.
Entre 2015 y 2018, Ávila ocupó la Dirección General Jurídica y de Gobierno de esa demarcación durante la administración de Xóchitl Gálvez.
Uno de los casos que posteriormente quedó bajo cuestionamiento fue Plaza Altezza, ubicada en Paseo de las Palmas.
El proyecto original contemplaba tres niveles y una altura máxima de nueve metros. Sin embargo, durante 2016 fueron registradas dos nuevas manifestaciones de construcción que fueron recibidas por el área encabezada por Ávila. Reportes basados en documentación del proyecto señalaron que el desarrollo terminó contemplando seis niveles y aproximadamente 22 metros de altura.
Las modificaciones fueron señaladas posteriormente por presuntas irregularidades relacionadas con altura, niveles y superficie construida.
Ese episodio se sumó al antecedente que Ávila ya arrastraba desde su paso por la Secretaría de Gobernación.
Como subsecretario durante el gobierno de Felipe Calderón, estuvo relacionado administrativamente con la polémica sobre 47 licencias de casinos cuya información fue publicada el último día de aquella administración. Ávila sostuvo posteriormente que las resoluciones habían sido emitidas meses antes y rechazó haber concedido permisos de última hora.
La controversia llegó hasta una comisión especial de la Cámara de Diputados, que buscó explicaciones de los exfuncionarios involucrados en el manejo de permisos de juegos y sorteos.
Casinos y construcción corresponden a momentos diferentes de su trayectoria y no existe evidencia revisada que permita presentarlos como parte de una misma conducta delictiva.
Pero ambos episodios mantienen un elemento común: decisiones administrativas de alto impacto que terminaron sometidas a cuestionamientos públicos.
Ahora, su presencia dentro de la administración de Cuauhtémoc vuelve a colocar esos antecedentes bajo escrutinio. Las controversias no constituyen por sí mismas una condena ni acreditan corrupción, pero forman parte del historial público de un funcionario que nuevamente participa en tareas de gobierno.
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