Lo que comenzó públicamente en mayo de 2025 con la revocación de las visas estadounidenses de Marina del Pilar Ávila y su entonces esposo, Carlos Torres Torres, escaló ahora hasta una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Baja California.
Durante meses, las razones detrás de la medida migratoria estadounidense permanecieron sin una explicación pública detallada. El panorama cambió el pasado 29 de septiembre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Carlos Torres en un paquete de sanciones relacionado con el Cártel de Sinaloa.
La OFAC aseguró que Estados Unidos había retirado la visa de Torres en mayo de 2025 por su presunta afiliación y trabajo para el Cártel de Sinaloa. La autoridad estadounidense lo identifica como un operador político relacionado con la estructura de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”.
El Departamento del Tesoro sostiene además que Torres habría recibido pagos mensuales dentro de un esquema destinado a permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en Baja California. Su hermano Luis Alfonso Torres Torres también fue sancionado y señalado por presuntamente recibir y blanquear recursos mediante empresas y campañas políticas.
Carlos Torres niega las acusaciones. Tras conocerse las sanciones afirmó que no mantiene relación con ningún grupo criminal y anunció gestiones ante la OFAC y otras autoridades para intentar aclarar y revertir los señalamientos.
La situación de Marina del Pilar es jurídicamente distinta. La gobernadora no aparece entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro, y ha sostenido que no existe una investigación estadounidense en su contra. Ella y Torres están legalmente divorciados desde 2025.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también pidió diferenciar las sanciones estadounidenses de las conclusiones de las autoridades mexicanas. Explicó que la UIF había encontrado irregularidades financieras en algunas de las personas señaladas por Estados Unidos, pero advirtió que ello no demuestra automáticamente vínculos con organizaciones criminales.
Ahora el PAN busca abrir un nuevo capítulo dentro de México. Sus diputados presentaron una denuncia ante la FGR contra Marina del Pilar y solicitaron investigar posibles delitos relacionados con su administración. La secuencia política ha pasado de una medida migratoria sin explicación pública detallada a sanciones financieras contra su exesposo y, finalmente, a una denuncia que coloca a la propia gobernadora bajo el escrutinio de la Fiscalía mexicana.
Leave a Reply