Camilo Rodríguez sabía que algo podía ocurrirle. Antes de ser asesinado a balazos en Costa Rica, el periodista había denunciado públicamente amenazas de muerte y tomó una decisión para intentar proteger el trabajo que había realizado: respaldar sus archivos y enviarlos fuera del país.
En un video difundido antes de su muerte, Rodríguez relató que había conseguido cinco discos duros para almacenar videos y otros materiales relacionados con sus señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según su propio relato, las copias fueron enviadas a contactos de medios de Argentina, Uruguay, Miami y Los Ángeles, además de un expolicía costarricense residente en el extranjero. Rodríguez no identificó públicamente a los destinatarios ni reveló el contenido completo de los archivos.
La razón era inquietante: quería asegurarse de que sus investigaciones permanecieran disponibles incluso si era atacado. En aquella grabación llegó a plantear expresamente el escenario de que pudieran matarlo debido a sus denuncias contra el narcotráfico.
El temor no surgió de la nada. El Ministerio Público informó que Rodríguez había presentado al menos diez denuncias por amenazas durante los últimos dos años. También había sido remitido a servicios de atención y protección de víctimas, aunque finalmente no ingresó al programa de protección.
El lunes 16 de noviembre, el periodista fue asesinado mientras conducía por Santo Domingo de Heredia. Dos hombres que viajaban en motocicleta son señalados preliminarmente como quienes ejecutaron el ataque.
Ahora, aquellas advertencias forman parte de las líneas que deberán revisar las autoridades. La Fiscalía anunció que analizará las denuncias y señalamientos que Rodríguez había realizado para determinar si alguno guarda relación con su asesinato.
Por ahora, no está acreditado que sus investigaciones sobre narcotráfico hayan sido el móvil del homicidio. Esa relación es precisamente uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación.













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