La relación política entre Julieta Ramírez Padilla y Marina del Pilar Ávila vuelve a adquirir relevancia ante los señalamientos sobre un supuesto proceso de colaboración de la senadora con licencia con autoridades estadounidenses.
Ramírez estaría relacionada con un proffer agreement ante una oficina del Departamento de Justicia en San Diego, mecanismo mediante el cual podría evaluarse información que eventualmente entregaría a las autoridades.
Hasta ahora no se ha precisado qué investigación estaría detrás del procedimiento, qué información podría aportar la morenista ni qué eventual beneficio estaría buscando.
El episodio adquiere una dimensión política adicional por la trayectoria que Ramírez ha construido junto a Marina del Pilar.
Antes de llegar al Senado, Ramírez fue secretaria particular de Ávila durante su administración municipal en Mexicali y posteriormente continuó avanzando dentro de Morena.
La gobernadora de Baja California también ha enfrentado controversias relacionadas con Estados Unidos, entre ellas el retiro de su visa y sus propias declaraciones sobre intentos de cooperación con autoridades de ese país.
Estos antecedentes, por sí mismos, no demuestran que exista una investigación común ni permiten establecer una conexión jurídica entre las situaciones de ambas políticas.
Para Ramírez, los cuestionamientos llegan mientras busca posicionarse rumbo a la sucesión estatal de 2027.
A ello se suma la controversia por su promoción política, después de que la autoridad electoral ordenara retirar propaganda tras una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña.
El escenario deja dos frentes abiertos para la aspirante: avanzar en la competencia política por Baja California y aclarar los señalamientos sobre su supuesto acercamiento con autoridades de Estados Unidos.
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