La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, de haber ordenado la destrucción y ocultamiento de pruebas consideradas fundamentales para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante un mensaje a la nación, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que las investigaciones apuntan a que el ocultamiento de las grabaciones captadas por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala fue resultado de una operación organizada desde el más alto nivel del gobierno estatal.
De acuerdo con la fiscal, las imágenes registraban el momento en que el autobús donde viajaban los normalistas fue interceptado por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
Godoy explicó que inicialmente las autoridades estatales argumentaron que las grabaciones no existían debido a fallas técnicas; sin embargo, testimonios obtenidos en 2026 permitieron establecer que el material sí existía y que habría sido retirado por instrucciones del entonces mandatario.
La FGR informó que un juez federal concedió una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, dentro de una nueva etapa de las investigaciones del caso Ayotzinapa.
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