El colectivo DEFENSORXS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la presunta omisión de autoridades encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el caso de Alex Serna, activista ambiental asesinado en Guerrero.
La acción legal fue presentada el 15 de julio en la Ciudad de México y está dirigida contra los responsables de los mecanismos de protección federal y estatal, a los que la organización acusa de no haber actuado pese a las amenazas que Serna había difundido públicamente.
De acuerdo con el colectivo, el activista comenzó a documentar intimidaciones desde febrero y marzo de 2026. Entre los mensajes recibidos había advertencias de que sus agresores ya conocían su ubicación.
Serna también había denunciado posibles vínculos entre autoridades, empresas y grupos criminales en asuntos relacionados con afectaciones ambientales en la Costa Grande de Guerrero. Sus señalamientos fueron publicados en redes sociales y retomados por medios de comunicación.
Roberto Juárez, integrante de DEFENSORXS, sostuvo que el asesinato no puede analizarse como un hecho aislado y pidió investigar si la falta de medidas de protección contribuyó a dejar al activista en una situación de vulnerabilidad.
Un funcionario del Mecanismo federal confirmó al Comité para la Protección de los Periodistas que Serna no estaba incorporado a ningún programa de protección. La declaración fue realizada bajo reserva de identidad.
Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, desapareció el 20 de junio en Zihuatanejo de Azueta. Su cuerpo fue localizado dos días después en Petatlán, cerca de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero confirmó posteriormente su muerte y solicitó que el caso fuera investigado con debida diligencia. La Fiscalía estatal informó que el cuerpo permaneció inicialmente sin identificar hasta que fue reconocido por sus familiares.
La denuncia busca que la FGR determine si hubo responsabilidades administrativas o penales por parte de funcionarios encargados de evaluar riesgos y activar medidas de protección.
Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras también han exigido el esclarecimiento del asesinato y garantías de seguridad para la familia del activista.
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