La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial a miles de aspirantes que participaron en el proceso de admisión 2026 ya enfrenta su primer desafío legal.
Un grupo de jóvenes anunció la preparación de un amparo indirecto colectivo con el objetivo de impedir la aplicación de la nueva evaluación, al considerar que la medida vulnera diversos derechos constitucionales.
El recurso será promovido por el abogado Daniel Reyes ante juzgados federales en materia administrativa de la Ciudad de México y señala como autoridades responsables al rector Leonardo Lomelí Vanegas, al Consejo Universitario, a la Comisión Técnica del proceso de admisión, a la Dirección General de Administración Escolar y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM.
Los promoventes sostienen que la Universidad desconoció los resultados oficiales publicados el pasado 17 de julio, cuando algunos aspirantes ya habían sido notificados de su selección.
De acuerdo con el proyecto de demanda, imponer una nueva evaluación generalizada parte de una presunción de irregularidad sobre todos los participantes, sin que exista un procedimiento individual que justifique la decisión ni permita a cada aspirante conocer las razones específicas para repetir el examen.
Además, argumentan que la medida vulnera los derechos al debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la educación superior en condiciones de equidad.
El amparo también sostiene que, si la intención de la institución es verificar el nivel académico de los estudiantes, existen otros mecanismos de evaluación durante la trayectoria universitaria, por lo que consideran desproporcionada la aplicación de una nueva prueba.
Como parte de la demanda, solicitarán la suspensión provisional y definitiva para evitar que los aspirantes sean obligados a presentar el examen presencial mientras un juez resuelve el fondo del asunto, al advertir que la medida podría afectar su ingreso oportuno al ciclo escolar 2026-2027.
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