Julieta Ramírez asegura ser víctima de una “guerra sucia”. El problema es que las preguntas no desaparecen simplemente por llamarlas así.
Durante los últimos meses, la senadora con licencia ha enfrentado cuestionamientos por propaganda anticipada, su proceso interno en Morena y versiones periodísticas sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos, las cuales ella ha negado.
Pero la controversia escaló cuando el senador morenista Luis Fernando Salazar arremetió contra el periodista Enrique Acevedo después de la difusión de un reportaje relacionado con Ramírez.
“Vamos a ir tras de ti”, escribió Salazar. Posteriormente eliminó el mensaje, ofreció disculpas y aseguró que hablaba exclusivamente de recurrir a vías legales.
Ramírez, mientras tanto, ha sostenido que existe una campaña de desprestigio en su contra y ha denunciado hostigamiento.
También han circulado señalamientos que pretenden relacionar su entorno político con Adán Augusto López y las controversias alrededor de “La Barredora”. Hasta ahora, no hay elementos públicos suficientes para afirmar que Ramírez tenga una relación directa con esa organización criminal.
Ese límite importa.
Pero también importa otro: cuestionar a una figura que busca gobernar Baja California no equivale automáticamente a emprender una guerra sucia.
Si los señalamientos son falsos, corresponde desmentirlos con hechos.
Porque responder preguntas resulta más convincente que intentar convertir cada cuestionamiento incómodo en un ataque.
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