CNDH rechaza haber exonerado al Ejército en el caso Ayotzinapa y acusa campaña en su contra

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazó que su Recomendación 208VG/2026 tenga como propósito exonerar o proteger al Ejército mexicano por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el pronunciamiento denominado “Verdades y mentiras de la Recomendación 208VG/2026”, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra aseguró que enfrenta una campaña para desacreditar su investigación.

La CNDH sostuvo que las críticas difundidas por especialistas, organizaciones y actores políticos no han presentado argumentos ni pruebas que contradigan las conclusiones del documento.

El organismo afirmó que no tiene facultades para absolver o condenar personas, pues esas determinaciones corresponden al Ministerio Público y a las autoridades judiciales.

De acuerdo con la Comisión, su investigación no encontró elementos que acreditaran la participación institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional en los ataques ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La CNDH señaló que los posibles actos atribuibles a integrantes de las Fuerzas Armadas corresponden a conductas individuales y no a fallas normativas o procedimientos institucionales del Ejército.

También indicó que la recomendación documenta y da seguimiento a los procesos abiertos contra 20 militares, incluidos mandos de los batallones asentados en Iguala durante los hechos.

Las familias de los normalistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han cuestionado el contenido y la metodología del documento.

Entre las críticas se encuentra el señalamiento de que la recomendación deslinda institucionalmente al Ejército, desacredita investigaciones anteriores y debilita el papel autónomo de la CNDH.

El organismo insistió en que el objetivo de su resolución es reivindicar la lucha de las víctimas y contribuir al esclarecimiento del caso, sin sustituir las investigaciones ministeriales ni los procesos judiciales vigentes.

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