Las autoridades ambientales reforzaron la vigilancia sobre la industria porcícola de Yucatán ante las afectaciones asociadas con sus operaciones. Las multas impuestas a empresas del sector acumulan 105.8 millones de pesos.
Durante la actual administración, Profepa ha realizado 18 inspecciones en granjas ubicadas en municipios como Maxcanú, Temax, Tixkokob, Chocholá, Kopomá y Abalá.
Las revisiones derivaron en medidas correctivas y una clausura total definitiva. Las autoridades buscan que las empresas mejoren el tratamiento de aguas residuales y reparen los daños ambientales cuando corresponda.
Uno de los casos más relevantes es Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, clausurada definitivamente en septiembre de 2025 y sancionada con 18.6 millones de pesos.
En abril pasado terminó el retiro de 41 mil 570 cerdos de sus instalaciones. Actualmente se evalúan las afectaciones provocadas al agua y al suelo para determinar las medidas de reparación.
En la estrategia participan Profepa, Semarnat, Conagua, IMTA, Inecc y el Gobierno de Yucatán.
Además, las autoridades aseguran que no han autorizado la construcción ni operación de nuevas granjas porcícolas en el estado.
La vigilancia ahora deberá traducirse en resultados: sancionar incumplimientos, reparar los daños y proteger uno de los recursos más sensibles de Yucatán: su agua.
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