A seis años de la detención de Kenia Inés Hernández Montalván, organizaciones internacionales de derechos humanos volvieron a exigir su liberación y denunciaron lo que consideran una prolongada criminalización de su trabajo como defensora indígena.
La activista amuzga y coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive fue detenida en octubre de 2020 y actualmente permanece privada de la libertad por dos condenas locales que, en conjunto, superan los 20 años de prisión.
Organizaciones como la Federación Internacional por los Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras y Global Witness sostienen que su encarcelamiento está relacionado con el ejercicio de la protesta social y la defensa de derechos humanos.
El caso tuvo un giro relevante en abril de 2026, cuando fueron cerradas las ocho causas federales que enfrentaba. Sin embargo, las dos sentencias dictadas en el Estado de México continúan vigentes y mantienen a Hernández en prisión.
El caso también ha llamado la atención de mecanismos internacionales. Instancias vinculadas con Naciones Unidas han expresado preocupación por posibles irregularidades, el uso del derecho penal y las condiciones de su encarcelamiento.
Durante estos seis años, Hernández ha permanecido separada de sus hijos y ha pasado por diferentes centros penitenciarios, incluido un penal federal de máxima seguridad.
Las organizaciones sostienen que el caso representa un ejemplo de criminalización contra quienes ejercen la protesta y defienden derechos humanos.
Ocho procesos federales ya quedaron atrás. Dos condenas locales mantienen a Kenia Hernández en prisión y el reclamo por su libertad vuelve a cruzar fronteras.
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