El proyecto político de Julieta Ramírez rumbo a 2027 quedó nuevamente bajo cuestionamiento luego de que surgieran señalamientos sobre un posible uso de programas y estructuras de la Secretaría de Bienestar de Baja California para beneficiar al grupo político ligado a Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.
Entre las acusaciones se encuentra la presunta concentración de apoyos sociales entre operadores y militantes cercanos a ese círculo, así como el posible uso de personal interino, estructuras educativas y recursos para movilizar asistentes a eventos relacionados con la promoción política de Ramírez.
También se han señalado supuestas reuniones privadas de recaudación y operaciones patrimoniales vinculadas con personas cercanas al grupo, aunque varios de estos puntos todavía requieren documentos, auditorías y registros oficiales que permitan establecer si existió alguna irregularidad.
La cercanía política entre Julieta Ramírez y Jáuregui ha sido documentada durante años, al igual que su relación con el grupo de Marina del Pilar y su participación conjunta en distintos proyectos internos de Morena.
Uno de los antecedentes que alimenta las críticas ocurrió en 2023, cuando se difundió un audio en el que una funcionaria subordinada a Jáuregui presuntamente condicionaba apoyos sociales a cambio de respaldo político durante una contienda interna.
Hasta ahora, no existe una acusación penal firme contra Julieta Ramírez o Netzahualcóyotl Jáuregui por estos señalamientos, pero las denuncias han colocado bajo presión la operación política del grupo.
El punto central será determinar si los recursos destinados a atender a población vulnerable fueron utilizados únicamente para fines institucionales o si terminaron formando parte de una estructura territorial con objetivos electorales.
Rumbo a 2027, la pregunta ya no se limita a quién impulsa políticamente a Julieta Ramírez, sino qué recursos y estructuras están detrás de ese proyecto y si fueron utilizados dentro de los límites de la ley.
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