El caso del huachicol fiscal sumó un nuevo elemento luego de que Mónica Gámez, esposa del excontralmirante Fernando Farías Laguna, asegurara contar con pruebas de que su esposo informó al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre la red de contrabando de combustibles que ahora lo tiene bajo proceso penal.
Gámez afirmó que Farías comunicó en al menos dos o tres ocasiones información relacionada con las irregularidades y sostuvo que existen comunicaciones que permitirían acreditar esos avisos.
Según su versión, el excontralmirante incluso habría facilitado un encuentro entre el contralmirante Rubén Guerrero Alcántara y Rafael Ojeda para que el primero expusiera directamente información relacionada con el presunto esquema de huachicol fiscal.
Las declaraciones forman parte de la defensa pública de Farías Laguna y, hasta ahora, no constituyen una determinación judicial sobre su inocencia o responsabilidad.
El señalamiento cobra relevancia porque este mismo jueves una jueza de control vinculó a proceso a Fernando Farías Laguna por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento.
La autoridad judicial mantuvo además la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso.
La Fiscalía General de la República sostiene que existen datos de prueba suficientes para mantener abierta la investigación contra el exmando naval. Farías Laguna debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
Su esposa sostiene una versión opuesta: asegura que Fernando no pertenecía a la estructura criminal, sino que había alertado a sus superiores sobre lo que ocurría y exige que las autoridades investiguen también a funcionarios de mayor nivel mencionados dentro del caso.
Gámez también ha cuestionado que Rafael Ojeda no haya sido llamado a declarar. De acuerdo con la información disponible, hasta este 27 de agosto la FGR no había citado al exsecretario de Marina para rendir testimonio sobre estos señalamientos.
El caso abre así una interrogante que podría resultar relevante conforme avance el proceso judicial: si existen las comunicaciones que la defensa asegura tener, será necesario establecer qué información recibió el entonces titular de la Marina, cuándo la conoció y qué ocurrió después de esos presuntos avisos.
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