Si se acredita que la escena del crimen fue alterada, el caso Cuén dejaría de ser únicamente una investigación por homicidio. También obligaría a establecer quién participó en el posible encubrimiento y qué autoridades tuvieron conocimiento.
Fausto Corrales Rodríguez, quien trabajó como chofer de Cuén, declaró que el exrector no murió durante un intento de robo, como informó inicialmente la Fiscalía de Sinaloa. De acuerdo con su versión, la escena habría sido preparada para ocultar las circunstancias reales del homicidio y la instrucción habría provenido de integrantes de Los Chapitos.
La Fiscalía General de la República también detectó inconsistencias en la investigación local y atrajo el expediente. Entre los puntos cuestionados estuvieron la mecánica de los hechos, el tratamiento del cuerpo, la preservación de indicios y el video presentado como evidencia del supuesto ataque en la gasolinera.
El nuevo señalamiento incrementa la presión para esclarecer si funcionarios o particulares participaron en la alteración de evidencias. Corresponderá al Ministerio Público verificar el testimonio, confrontarlo con peritajes y determinar si existió un encubrimiento.
Cualquier responsabilidad deberá acreditarse ante tribunales, con respeto a la presunción de inocencia de las personas señaladas.
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