La seguridad de Baja California no puede convertirse en moneda de cambio para resolver los problemas personales o migratorios de ningún funcionario. Por eso, los audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila requieren explicaciones claras sobre qué se habló, con quién y qué se habría puesto sobre la mesa.
Las grabaciones difundidas han sido presentadas como conversaciones relacionadas con gestiones para atender la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora. Entre los señalamientos surgidos alrededor del material está una supuesta negociación que involucraría asuntos relacionados con la coordinación o mesa de seguridad estatal.
Sin embargo, mientras no exista confirmación oficial sobre la autenticidad completa de los audios, la identidad y facultades de los interlocutores y la existencia de algún acuerdo, no puede afirmarse como hecho que Marina haya entregado o negociado la mesa de seguridad a cambio de recuperar su visa.
El episodio adquiere además una dimensión electoral por la cercanía entre Marina del Pilar y Julieta Ramírez, quien busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Baja California en 2027.
Julieta inició su trayectoria como asesora de Marina y posteriormente construyó una carrera que la llevó al Congreso y al Senado. Esa relación política se ha mantenido y hoy Ramírez es identificada como una de las figuras surgidas del grupo cercano a la gobernadora.
Por ello, aunque Julieta no aparece señalada como participante en las presuntas conversaciones, la controversia abre preguntas sobre el proyecto político que busca suceder al actual gobierno.
Baja California necesita conocer qué ocurrió realmente. La cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos involucra intereses públicos que están por encima de cualquier situación migratoria individual.
Y si Julieta Ramírez pretende gobernar el estado, la cercanía con Marina del Pilar hará inevitable que también tenga que fijar una posición sobre las decisiones y controversias del grupo político del que surgió.













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